El presente informe propone un balance de los primeros tres años de la implementación de las disposiciones sobre garantías de seguridad contenidas en el Acuerdo Final de Paz.

Las garantías de seguridad fueron concebidas por el Acuerdo Final de Paz como condición indispensable para alcanzar la adecuada implementación de los planes y programas pactados a partir de los cuales se busca variar sustancialmente las condiciones de vida de los habitantes de las zonas más afectadas por las dinámicas del conflicto social y armado.

Con esa finalidad, el acuerdo en materia de garantías buscó más allá de la adecuación de medidas en concreto, incidir paulatinamente en la adopción de un nuevo marco axiológico para la política pública que entienda la seguridad como una noción integradora de la dignidad humana, la promoción y respeto de los derechos humanos y la defensa de los valores democráticos.

A tres años de la firma del AFP, la implementación de estos componentes puede ser caracterizada a través de tres hipótesis principales que se refieren a la escasa correspondencia de la política pública con el enfoque de seguridad propuesto, la falta de voluntad política para impulsar el desarrollo misional de las disposiciones que cuentan con desarrollos normativos y al desconocimiento de la integralidad del Acuerdo que, a su vez, conduce a la pérdida de la posibilidad de potenciar procesos de transformación estructural en los territorios en los que de manera prioritaria se requiere el agotamiento de la violencia como instrumento de realización de la política.

Para la elaboración de este balance se han tenido en cuenta los análisis y datos provenientes de fuentes institucionales, así como de las instancias creadas por el Acuerdo con mandatos específicos de cara a la verificación y acompañamiento a la implementación, como es el caso de la Secretaría Técnica del componente de verificación internacional a cargo de Cinep y Cerac, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame. Así mismo, se consultaron disposiciones jurídicas que permiten ubicar los desarrollos normativos correspondientes al subpunto 3.4. del AFP, además de instrumentos de planeación como la Política de Defensa y Seguridad (PDS), el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Marco de Implementación.

De igual manera, se han consultado los informes producidos por organizaciones defensoras de derechos humanos y de la sociedad civil como insumos para la elaboración del análisis sobre el impacto de la implementación efectiva en la disminución de los índices de violencia política, especialmente en los territorios rurales.

El presente documento se organiza en cuatro apartados que ubican, en un primer momento, un análisis contextual de la situación de derechos humanos para pasar, en segundo lugar, a realizar un ejercicio de contrastación entre las disposiciones del AFP en la materia y la política pública vigente. En un tercer apartado se plantea un recorrido por la implementación normativa y el despliegue material de los mecanismos creados en virtud del Acuerdo para finalmente proponer una serie de conclusiones.