Autores: CEPDIPO, Gentes del COMUN, CLACSO
Fecha de creación: Octubre / 2019

Presentación

El “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y una paz estable y duradera” suscrito entre la guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno Nacional el 24 de noviembre de 2016, representa el hecho político más significativo de las últimas décadas en Colombia y constituye, al mismo tiempo, un acontecimiento del mayor significado para los propósitos de hacer de Nuestra América un territorio de paz.

A cerca de tres años del inicio del proceso de implementación no es posible aún formular un dictamen definitivo sobre el destino del Acuerdo de paz, aunque son identificables tendencias prevalecientes que indican que se asiste a un intensa lucha entre las fuerzas que pretenden habilitar las condiciones para una consumación de la perfidia y del incumplimiento por parte del Estado, por una parte, y aquellas que -con diferenciada intensidad y alcance- insisten en el potencial transformador y reformista de lo pactado.

Tal situación es la consecuencia lógica del entendimiento del Acuerdo de paz como el camino definido por las Partes para zanjar o, al menos, regular por la vía pacífica asuntos que explican el origen y la persistencia de la rebelión armada, como la no resuelta cuestión agraria o la exclusión política; u otros como la solución del problema de las drogas ilícitas o la materialización de los derechos integrales de las víctimas del conflicto, además de aquellos propios de cualquier proceso de paz relacionados con el tránsito a la vida civil de la antigua organización guerrillera.

En todos los casos se trata de formas de la continuidad del conflicto, ahora expresado en la implementación, en el que afloran con particular agudeza las resistencias sistémicas que a lo largo de la historia se han opuesto en Colombia a los propósitos de reforma, expresándose de las más variadas maneras, las cuales incluyen el ejercicio de la violencia política extrema a través de brazos armados de carácter paramilitar.

Igualmente, debe afirmarse que en el campo de quienes muestran apoyos al proceso de paz realizado con las FARC-EP hay sectores poderosos de diversa procedencia que pretenden reducirlo al ya consumado desarme de la antigua guerrilla y, en consecuencia, a la absorción sistémica de esa experiencia de la rebelión armada. En ese sentido, son además evidentes los esfuerzos por imponer (y restringir) el marco de actuación de la nueva fuerza política surgida del Acuerdo de paz, los cuales comprenden un amplio espectro de demandas que abarca desde los propósitos de desvirtuar (y condenar) el sentido histórico del alzamiento armado, hasta la pretensión de su disciplinamiento como otra organización llamada simplemente a ampliar el paisaje político de la imperante democracia gobernable. En ese evento, se trata de un aplazamiento más sutil de la obligación del Estado de cumplir integralmente del Acuerdo y sus propósitos  transformadores, aduciendo que estos se pueden dejar para los nuevos escenarios de la lucha política, que en aspectos esenciales permanecen invariables…

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